Por las redes sociales pasan mensajes personales, noticias, posiciones políticas, convocatorias, publicidad, fotos, videos, entre otros, pues son el medio de expresión más democrático e incluyente, y para utilizarlas solo se requiere estar conectado a una red de internet o tener un plan de datos móviles.

En Colombia, el 95 de los hogares rurales cuenta con un teléfono móvil y hay 58 millones de usuarios; es un servicio público tan necesario como lo son el agua, la energía y el gas.

En el planeta, la educación germina a partir del internet, por intermedio del cual se puede acceder a investigaciones, diccionarios, libros, documentos especializados, traducciones, es decir, al conocimiento global; los líderes de las empresas y sus ejecutivos mantienen su oficina virtual en su teléfono inteligente.

Buscando ser un país moderno en conectividad y tecnología, Colombia ha hecho grandes inversiones públicas y privadas en infraestructura para TIC: según cálculos de Asomóvil, estos pueden estar en cuatro billones de pesos al año, se han entregado miles de computadores y tabletas, se adelanta migración tecnológica a 4G, se incentiva a las empresas para que mejoren sus procesos con la automatización y la digitalización –tomadas estas como unas de las garantías para la productividad–. Igualmente, se promociona el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales que aceleren la economía colaborativa, se habla de teletrabajo, comercio electrónico, ciudades inteligentes, todo ello para lo cual internet es fundamental.

Sin embargo, todo lo hecho podría irse al traste con un gravamen del 5 por ciento a internet fijo para usuarios de estrato tres, y de 23 por ciento, resultante de la tarifa de 19 de IVA más 4 por ciento de impuesto al consumo para la telefonía e internet móvil.

Esto tendría efectos negativos para la población de menor capacidad económica; si bien el país tiene las tarifas más bajas de datos móviles en América Latina, apenas 44 por ciento de la población tiene el servicio. Pese al avance, la brecha digital, que es la diferencia entre quienes tienen acceso a internet y los que no, es todavía muy grande; de hecho, según Gsma, la penetración de internet móvil en Colombia es menor que el promedio de Latinoamérica y los países pertenecientes a la Ocde. Esto significa que hay mucho por hacer para cumplir con las ambiciosas metas del Plan Nacional de Desarrollo, de tener en el 2018 27 millones de conexiones de internet de banda ancha y tecnología 4G en 1.115 municipios, propósitos que se pueden ver autosaboteados por la tarifa exorbitante que resulta del IVA más el impuesto nacional al consumo.

Una presión tributaria tan alta, aplicada a los planes de datos móviles, pone en riesgo el acceso a internet para los sectores más vulnerables de la población, ignorando la necesidad de cerrar la brecha digital como prioridad para el desarrollo humano. No se puede borrar con el codo lo que se hizo con la mano, se ha hecho tanto esfuerzo para llevar a la base de la pirámide social el servicio de internet y ahora se le pone una barrera económica adicional que genera exclusión y descontento. Para lograr paz, equidad y educación, el Estado debe garantizar el acceso a este servicio a la mitad de la población que no lo tiene.

Nancy Patricia Gutiérrez
Presidenta de Asomovil