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Cómo ha avanzado la modernización de las TIC en Colombia en los últimos dos años

El esfuerzo y el compromiso que ha tenido el sector de las telecomunicaciones deben ser tenidos en cuenta cuando se planteen las medidas para la reactivación económica.

Llegar con conectividad a más municipios y a la ‘Colombia profunda’, aquella que va más allá de pueblos, cascos urbanos o caseríos, es una de las metas que se ha trazado el actual gobierno y en la que se generan esfuerzos que han necesitado de fuertes sinergias entre el sector público y privado. 

Para lograr estar más y mejor conectados, se aprobó la Ley 1978 de 2019 de modernización institucional, conocida como la Ley TIC, cuyo objetivo es adaptar el sector a la nueva realidad tecnológica y de mercados y con la cual se optimizó el fondo de servicio universal que se alimenta principalmente de aportes de la industria y otros habilitadores para impulsar las inversiones que se requieren para el cierre de la brecha digital.

Entre los avances, en materia de telefonía e internet que más se han destacado en los últimos 24 meses, están:

  • Subasta del espectro con beneficios en cobertura móvil, que beneficiará a 3.658 centros poblados de 619 municipios de todos los departamentos. Entre Claro y Tigo por ejemplo realizarán una inversión de 5,4 billones de pesos en 5 años. Lo que se suma a las grandes inversiones que realiza la industria que entre 2013 y 2018 alcanzaron los 23 billones de pesos. 

 

  • Así mismo, como parte de las obligaciones de la subasta se actualizarán redes de comunicaciones móviles de tecnologías 2G y 3G a 4G en municipios de menos de 100 mil habitantes. 

 

  • Se han instalado más de 1.000 ‘Zonas Digitales’ con internet gratuito en las áreas rurales de 381 municipios de 20 departamentos del país. Además, ya entraron en operación 757 ‘Zonas Digitales’ en zonas urbanas, de las 840 que estarán en 705 municipios en 28 departamentos.

 

  • Desde 2019 se empezó a ejecutar un proyecto que permitirá la instalación de 342 mil conexiones de internet fijo para familias colombianas de escasos recursos.

 

No aumentar el ICA permitirá seguir avanzando

 

Es el llamado del sector para reconsiderar lo establecido en el Proyecto de Acuerdo de Reactivación (Plan Marshall II), el cual propone aumentar el impuesto ICA del 9,9*1000 al 11,11*1000 hasta el 2021, para las actividades de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas. 

Con este ajuste Bogotá pasaría a tener 5,66 puntos porcentuales por encima de Medellín y 2,06 puntos porcentuales más que Barranquilla, con lo cual el Distrito perdería competitividad en materia de telecomunicaciones en el país, y frente a otros países, que por el contrario, abogan por disminuir las cargas fiscales para impulsar mayor conectividad y beneficio social.

Este incremento en el impuesto del ICA generaría un alza en las tarifas y una contracción de la demanda,  lo cual iría en contravía con el objetivo del Gobierno Nacional de avanzar en el cierre de la brecha digital, haciendo más asequibles los servicios móviles y fijos de telefonía e internet, tanto para zonas urbanas como rurales. 

Por otra parte, no es equitativo impulsar la reactivación económica mediante la conectividad, teniendo en cuenta que el sector de telecomunicaciones tributa 89% más que otros sectores en Colombia (siendo una de las tasas tributarias más altas de la región). Este análisis no se da solamente dentro del país, sino que ha sido tema de debate por organismos internacionales, como la OECD, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, quienes han afirmado que en materia de transformación digital de sus países miembros, y refiriéndose al caso de Colombia, la carga impositiva es demasiado alta tanto en términos globales.

Reconsiderar el aumento en el impuesto ICA también está argumentado pensando en que las telecomunicaciones ha sido uno de los sectores que más ha aportado para superar la crisis económica causada por la actual pandemia. Por ejemplo, han implementado alivios para el pago y el mínimo vital decretados por el Gobierno en el marco de la emergencia económica, medidas que en la actualidad han impedido la normalización de pagos requeridos para la sostenibilidad de los servicios. A pesar de esto, el sector ha demostrado su compromiso y solidaridad con el país,  ofreciendo más capacidad en sus planes sin incrementar las tarifas, como un esfuerzo para mantener la conectividad.